
A partir del 1 de enero de 2026, el Gobierno nacional pondrá en marcha una reestructuración profunda del sistema de subsidios a la electricidad, el gas y las garrafas. La medida, impulsada por el Ministerio de Economía, apunta a concentrar la ayuda estatal en los sectores considerados vulnerables y avanzar con la reducción del gasto público. En la práctica, esto derivará en nuevas subas en las facturas de los servicios.
Según las proyecciones oficiales, unos 7,5 millones de hogares —cerca del 45% de la población— dejarán de percibir subsidios. En tanto, otros 9,1 millones mantendrán el acompañamiento estatal, aunque bajo reglas distintas: los límites de consumo subsidiado se ajustarán según la época del año y el nivel de cobertura se reducirá progresivamente. Antes de su implementación, el paquete de modificaciones será sometido a una consulta pública digital.
El objetivo fiscal detrás de la reforma es claro. El Ejecutivo espera recortar el peso de los subsidios energéticos desde el 0,65% del PIB estimado para 2025 al 0,5% en 2026, lo que representa un ahorro cercano a los 1.000 millones de dólares.
Fin de la segmentación tarifaria
El cambio más relevante será la eliminación de la segmentación por niveles —implementada en 2022— y su reemplazo por el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Desaparecerán los actuales grupos N1, N2 y N3, y quedarán solo dos categorías: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.
Quienes superen ingresos familiares equivalentes a tres canastas básicas totales (unos $3.641.397 mensuales) quedarán automáticamente excluidos. También se perderá el beneficio si la familia posee tres o más vehículos con menos de cinco años, tres o más inmuebles, o embarcaciones o aeronaves de alta gama. Todo el resto continuará con subsidios.
Con este rediseño, los hogares actualmente clasificados como N1 pasarán a pagar el costo total de generación eléctrica y producción de gas. Además, alrededor de 140.000 familias hoy registradas como N3 también quedarán fuera del esquema.
Hasta ahora, los usuarios de mayores ingresos abonaban el 89% del valor de la electricidad y el 76% del gas; los de ingresos medios, entre 25% y 44%; y los de menores recursos, entre 20% y 30%. Ese sistema quedará sin efecto.
Nuevos topes de consumo
El Gobierno también redefinirá los volúmenes de energía con tarifa subsidiada. A partir de 2026, los hogares que mantengan el beneficio tendrán:
Un límite de 300 kWh por mes durante verano e invierno.
Un tope de 150 kWh mensuales en otoño y primavera.
Sobre esos bloques, el Estado cubrirá inicialmente el 75% del costo (bonificación que incluye el 50% base más un adicional del 25% que se irá retirando gradualmente a lo largo del año). Hacia diciembre de 2026, el nivel de bonificación rondará el 50%. Los usuarios sin subsidios pagarán el precio pleno, que hoy promedia USD 75 por MWh.
El esquema de gas también será modificado. Los precios mayoristas se unificarán en USD 3,80 por millón de BTU durante los 12 meses. Actualmente, la referencia es más baja en verano (USD 2,90) y más alta en invierno (USD 4,50). Este aplanamiento implicará subas en los meses de menor consumo, parcialmente compensadas para los hogares que reciban subsidios, que tendrán una cobertura del 50% entre abril y septiembre.
No será necesario que los usuarios vuelvan a inscribirse: el Estado utilizará las bases de datos existentes, aunque quienes lo deseen podrán actualizar su información.
De acuerdo con los cálculos oficiales, con las nuevas reglas, el 66% de los hogares pagará menos de $44.000 mensuales por electricidad en verano, y el 81% abonará menos de $67.000. En gas, durante el invierno, el 56% desembolsará menos de $14.000 y el 75% menos de $56.000.
La reforma energética marca así un giro contundente hacia una focalización más estricta del gasto y anticipa un año de aumentos en los servicios públicos, con fuerte impacto sobre los sectores que dejarán de recibir ayuda estatal.